diciembre 23, 2011

Invitación: V° Tinku Pluricultural "Cara-Cara 2012"

 V° TINKU JUVENIL PLURICULTURAL

CARA-CARA 2012

I N V I T A C I Ó N

Los jóvenes de la comunidad aborigen de CARA-CARA, Departamento de Yavi del Pueblo Kolla, tienen al agrado de invitarle al V° TINKU JUVENIL PLURICULTURAL que se desarrollara los días 06, 07 y 08 de Enero de 2012 en nuestra comunidad.

En el mismo se compartirá un espacio de reflexión donde se plantearan temas sobre revalorización de la lengua madre, derecho y salud indígena, hechos históricos y temas libres, etc.

Desde ya agradecemos su participación y saludamos a Ustedes con el debido respeto que se merecen.

Confirmar participación hasta el 01 de Enero de 2012


Traer: ropa de abrigo, bolsa de dormir o lo que tenga a su alcance.

La organización cubre alojamiento y comida los tres días.

Mayor información, dudas y sugerencias comunicarse al:

Celular:     (3885) 40 00 25   /    (388) 5 40 46 08

Email:        cari_kairuz_@hotmail.com

NOTA: Se ruega estar en Pumahuasi el viernes hs. 18:00 o sábado a hs 08:00 para ser trasladados hasta nuestra comunidad.


Programa de Actividades

Viernes 06

Hs 17:00 Recepción a jóvenes de diferentes comunidades o pueblos.

Hs 19:00 Merienda.

Hs 20:00 Ceremonia a la Madre Tierra.

Hs 22:00 Cena.

Hs 22:30 Proyección de video.

Sábado 07

Hs 08:00 Desayuno.

Hs 08:30 Acto de inauguración.

Hs 09:30 Revalorización del Runasimi (lengua materna).

Hs 12:30 Almuerzo comunitario.

Hs 13:30 Competencia deportiva.

Hs 15:30 Salud indígena, a cargo de Mabel Pelo.

Hs 18:00 Merienda.

Hs 18:30 Espacio de reflexión.

Hs 20:00 Cena y película.

Hs 22:00 Fogata y noche cultural.

Domingo 08

Hs 08:00 Desayuno.

Hs 09:00 Hechos históricos por la restitución territorial, a cargo de José Sajama.

Hs 10:00 Política y derecho indígena, a cargo de Jorge Mamaní.

Hs 12:00 Almuerzo.

Hs 13:30 Demostración cultural “Señalada”.

Hs. 16:30 Sierre con opiniones y entrega de certificados.

  
“Cortaron nuestras ramas pero no nuestras raíces”




                             
Waldo Darío Gutiérrez Burgos
Descendiente del Pueblo de Uquía, Omaguacas
Director de ‘Cer-Omaguaca’, ‘Obnu’ y ‘Argos Is-Internacional’
"La paz no es simplemente acabar con la guerra. La paz llegará cuando se respeten los derechos indígenas a la tierra, la cultura y la autodeterminación. No puede haber paz por medio de la destrucción o sumisión de la población indígena… Solo ven nuestra agua, nuestra tierra, nuestros árboles. No les importamos. Quieren la tierra, sin la gente que vive en ella”…
Telef.: (+54388) 4 800 934

Argentina: Se viene la Ley Antiterrorista "Para Todos"


Argentina: Se viene la Ley Antiterrorista "Para Todos"

ARGENTINA… VILTIPOCO10000: DICIEMBRE 23 DE 2011…

Por Fabiana Arencibia / Red Eco

Preocupante proyecto de "Ley Antiterrorista" del gobierno de Cristina Fernandez de Kirchner que criminaliza la demanda indígena y la protesta social. El 14 de octubre pasado, el Poder Ejecutivo argentino presentó al Congreso un nuevo proyecto de “Ley Antiterrorista” que propone modificar el Código Penal para que el delito de terrorismo se asocie a todos y cada uno de los tipificados en este código, tanto sean cometidos por organizaciones como por individuos. Este tipo de reformas legislativas son exigidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como condición para considerar a la Argentina como un destino seguro de Inversiones Externas Directas. Una normativa similar ha tenido y tiene graves consecuencias en su aplicación en Chile, permitiendo en la actualidad la prisión política, militarización de las comunidades, represión, torturas y asesinatos desde el Estado en contra del Pueblo Mapuche en el marco de la Ley Antiterrorista.

El pasado 14 de octubre, el Poder Ejecutivo argentino presentó un proyecto de ley ante el Congreso de la Nación que tiene por finalidad reforzar la capacidad estatal de reprimir pretendidos actos de terrorismo o a quienes los financien. En una Carta Pública, organizaciones sociales y de Derechos Humanos señalan que “el hecho de utilizar conceptos tan abiertos e imprecisos hacen posible la aplicación de estos agravantes a la gama de figuras penales típicamente utilizadas para la criminalización de la protesta social: en la persecución de resistencias a desalojos, cortes de vías de circulación o simples actos de protesta en el espacio público”.

La aparición de este proyecto pasó desapercibida, porque solo faltaba poco más de una semana para las elecciones nacionales. La presidenta en la recta final de la campaña se tomó su tiempo para darle  entrada en el parlamento con las firmas del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, y de su Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.

Así sucedió a mediados de 2007 con la ley 26268, presentada también por el Ejecutivo kirchnerista y sancionada en tiempo record bajo la presión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Esta norma ya había modificado el Código Penal agregando dos artículos (213 ter y 213 quater), que introdujeron los delitos de “asociación ilícita terrorista” y “financiación del terrorismo”.

Al igual que entonces, la figura del GAFI empuja esta nueva vuelta de tuerca que debemos cumplir si es que pretendemos obtener el certificado de “país confiable” para recibir inversiones internacionales.

El gobierno fue allanando el camino porque precedieron a la presentación de este proyecto cientos de resoluciones de la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo creado para “combatir el posible financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero proveniente de delitos como el narcotráfico, el contrabando de armas, el abuso sexual de niños, el fraude, etc.”, según se señala en su página.

En el sitio web también se pregunta: “¿Qué se entiende por terrorismo?” Y se responde que “a la fecha, ninguna convención internacional ha podido insertar una definición unívoca del término”. Esta indefinición es la base sobre la que se pretende imputarle a diferentes actos el calificativo de terroristas, tanto en la ley vigente como en el actual proyecto.

¿Qué trae de nuevo este proyecto? Deroga los artículos 213 ter y 213 quater de la ley anterior e incorpora a la parte general del Código un agravante para cualquier delito penal. Por lo tanto, se considerará como terrorista el delito que tipificado en el Código Penal sea cometido “con finalidad terrorista”. Además ya no sería necesario (tal como lo establece la ley actual) ser parte de una “organización” o “grupo organizado”, por lo que un acto individual también puede ser considerado terrorista.

La “finalidad terrorista” se desprende del articulo propuesto como 41 quinquies, que dice: “Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población, la escala penal se incrementará en el doble del mínimo y del máximo. Si la finalidad fuese la de obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, se aplicará la misma escala, siempre y cuando no se trate del ejercicio de un derecho constitucional”.

En el tema de la financiación, el artículo detallado como 306 establece penas de 5 a 15 años y multas de 2 a 10 veces el monto de la operación al que “directa o indirectamente recolectare o proveyere bienes o dinero, a sabiendas de que serán utilizados en todo o en parte para financiar la comisión de un delito que tuviera la finalidad prevista en el artículo 41 quinquies, independientemente de su acaecimiento (…) Las disposiciones de este artículo regirán aun cuando el ilícito sea cometido fuera del ámbito de aplicación espacial de este Código en tanto el hecho también hubiera estado sancionado con pena en la jurisdicción competente para su juzgamiento”. Por lo cual podría configurarse este delito en el marco de una campaña de solidaridad financiera a los presos políticos mapuches chilenos que están acusados en su país de terroristas.

Curiosamente, o no,  la idea de generalizar como posibles actos terroristas a cada uno de los delitos del código, sumado al alcance de la ley mas allá de nuestras fronteras, fue la misma que inspiró a un proyecto que, con las firmas de representantes de la “oposición”, ingresó el 15 de julio del año pasado a la Cámara de Diputados (1)

Hoy este proyecto aparece en un contexto de: miles de luchadores sociales procesados por delitos tipificados en el Código Penal (entre los que se destacan la usurpación y el corte de calles/rutas, entre otros), aumento en el nivel de movilizaciones por trabajo y salario, contra la precarización laboral, para frenar el avance de las industrias extractivas contaminantes y el desalojo de campesinos para plantar soja. Se agregan ocupaciones de tierras para vivienda y de espacios públicos con acampes, cortes de calles y rutas. Sumado a esto han venido las advertencias de la presidenta en cuanto a los límites que deben tener los reclamos de los trabajadores para no “boicotear” a la Argentina y su sugerencia de no cortar calles sino de que el “marchódromo” sea solo la Plaza de Mayo.

Todas estas medidas de lucha se encuadrarían en el objetivo de obligar a las autoridades nacionales y extranjeras (marchas de solidaridad con los estudiantes chilenos, por ejemplo) a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. “Si esta ley hubiera sido aprobada hace unos años, hoy podríamos tener en las cárceles a cientos de militantes y activistas, que hoy se encuentran procesados”, afirma la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (CADEP) en un documento.

Tratando de resguardar ciertas formas, uno de los párrafos que precede al articulado, dice que  “quedan terminantemente excluidos de cualquier posible interpretación criminalizante, los hechos de protesta social, toda vez que estos están dirigidos a reclamar por derechos individuales o colectivos y, en el supuesto que pudieran transgredir la ley penal, (...) no dejarían de constituir el ejercicio de un derecho constitucional (…). En ningún caso, la persecución y sanción del terrorismo pueden amparar la violación a los derechos humanos”

Al respecto Martín Alderete, abogado de la CADEP, afirmó que “esto es una cuestión retórica porque el ejercicio de cualquier derecho constitucional hace inviable la aplicación de un delito”. Y dio como ejemplo el caso de una huelga – ejercicio de un derecho constitucional – y en ese marco la ocupación de la fábrica: “Tampoco estoy cometiendo un delito de usurpación porque estoy ejerciendo un derecho constitucional. Sin embargo las causas de los compañeros procesados son justamente por ejercer derechos constitucionales. Y sin embargo están procesados”.

“Con este proyecto de ley se podrían criminalizar a vecinos que cortan la calle porque se les cortó la luz y, si se considera que esa protesta es violenta se le aplica ese agravante”, agregó.

Lo que ha trascendido es que este proyecto no entraría en las sesiones extraordinarias de diciembre. Sin embargo, en 2007 los pasos por las comisiones y por ambas cámaras del Parlamento fueron fugaces y se aprobó casi sin discusión y sin que nadie se entere. Por otra parte, a partir del 10 de diciembre el kirchenirsmo tendrá mayoría propia y parte de la oposición viene de haber aprobado el anterior proyecto sin poner demasiadas trabas.

Cuando Red Eco publicó su libro “Leyes del Terror” advirtió sobre el avance en legislaciones de este tipo por todo el continente como nuevas herramientas para el control de las organizaciones populares. Repetimos ahora nuestra advertencia de entonces y llamamos a hacer pública la existencia de este proyecto.

AUDIOS Entrevista a Martín Alderete en el programa Al Oeste-FM En Tránsito 93.9-Castelar (Fabiana Arencibia y Sergio Lucarini)


Notas relacionadas:


--------

Una reforma penal que legitimaría la criminalización de la protesta

Proyecto de Legislación Antiterrorista e Inversiones: modificación del Código Penal sobre Prevención, Investigación y Sanción de Actividades Delictivas con Finalidad Terrorista

Los abajo firmantes expresamos nuestra profunda preocupación frente al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo Nacional el pasado 14 de octubre ante el Congreso de la Nación que tiene por finalidad reforzar la capacidad estatal de reprimir pretendidos actos de terrorismo o a quienes los financien. El proyecto incorporaría al Código Penal una nueva agravante para cualquier delito que fuera cometido con la finalidad de generar terror en la población o de obligar a un gobierno a adoptar o abstenerse de tomar determinada decisión. En estos casos se elevaría la pena aplicable al doble de la pena mínima y de la máxima.

El hecho de utilizar conceptos tan abiertos e imprecisos hacen posible la aplicación de estos agravantes a la gama de figuras penales típicamente utilizadas para la criminalización de la protesta social: en la persecución de resistencias a desalojos, cortes de vías de circulación o simples actos de protesta en el espacio público. Una normativa similar ha tenido graves consecuencias en su aplicación en Chile, lo que ha permitido la persecución penal de dirigentes del pueblo Mapuche en el marco de la ley antiterrorista, por cargos asociados al incendio de bosques.

Por ejemplo, actualmente la pena prevista por una usurpación es de 6 meses a 3 años, pero según este proyecto pasaría a ser de 1 a 6 años si se considera que tiene finalidad terrorista, introduciendo así el riesgo de la prisión efectiva. Además, este proyecto implicaría nuevas desproporciones en la escala penal: por ejemplo, quien cometiera un hurto en el contexto de una conmoción pública podría recibir una condena mayor que la que corresponde a un policía que ocasionara torturas.

La reforma propuesta agravaría la amenaza de persecución penal para las personas que luchan por la reivindicación de sus derechos y generaría las condiciones para una mayor criminalización de la protesta social a través de la ampliación de las figuras penales, el aumento de las penas y el estigma social de los luchadores populares, por su eventual asociación simbólica al terrorismo.

Si bien el proyecto establece que el agravante no se aplicaría en los casos en que se trate del ejercicio de un derecho constitucional, este criterio no garantiza que líderes sociales no sean perseguidos y sometidos a proceso bajo estas nuevas figuras ligadas al terrorismo, lo que de por sí implicaría someterlos a una fuerte presión para abandonar su reclamo. Dada la amplitud e imprecisión de los términos, se invierte la carga de la prueba y serán ellos los que deberán probar, en el marco de los procesos penales, que no son terroristas.

Este tipo de reformas legislativas son exigidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como condición para considerar a nuestro país como un destino seguro de Inversiones Externas Directas. Observamos con profunda preocupación que, a fin de cumplir con las exigencias de organismos internacionales, se dispongan medidas de carácter penal que puedan vulnerar derechos fundamentales. Es necesario ubicar esta iniciativa en el marco de concepciones fuertemente instaladas en torno de las llamadas “nuevas amenazas” en discursos y propuestas sobre seguridad hemisférica. Perspectivas que, en ocasiones, bajo el pretexto de luchar contra los “nuevos” enemigos de la seguridad (que abarcan prioritariamente al narcotráfico y al terrorismo), incluyen respuestas fuertemente punitivas a problemáticas políticas, económicas, sociales, de salud pública o medioambiental. El diagnóstico de “las nuevas amenazas” suele extenderse sin matices sobre la región, a través de propuestas que desconocen particularidades de la situación del delito de cada país, así como el marco normativo interno.

La reforma implicaría, además, graves riesgos para las organizaciones que presten apoyo a los movimientos sociales, ya que podrían ser consideradas como autoras del delito de financiamiento al terrorismo, en caso de que reciban, recolecten o entreguen dinero para solventar actividades de organizaciones sociales cuyas protestas sean consideradas acciones terroristas.

Manifestamos nuestra oposición al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo Nacional y llamamos a las autoridades políticas a abstenerse de aprobar esta reforma en tanto constituye una nueva ampliación de la respuesta punitiva estatal mediante la incorporación de figuras inconstitucionales, el aumento de penas y la legitimación de la persecución penal a la protesta social.

Primeras firmas:

ACIJ (asociación Civil Por la Igualdad y la Justicia)

CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales)

CEPPAS (Centro de Estudios de Políticas Publicas para el Socialismo)

AADI (Asociación de Abogadas/os de Derecho Indígena)

Para contacto y adhesiones: leyantiterrorista@yahoo.com.ar



Waldo Darío Gutiérrez Burgos
Descendiente del Pueblo de Uquía, Omaguacas
Director de ‘Cer-Omaguaca’, ‘Obnu’ y ‘Argos Is-Internacional’
"La paz no es simplemente acabar con la guerra. La paz llegará cuando se respeten los derechos indígenas a la tierra, la cultura y la autodeterminación. No puede haber paz por medio de la destrucción o sumisión de la población indígena… Solo ven nuestra agua, nuestra tierra, nuestros árboles. No les importamos. Quieren la tierra, sin la gente que vive en ella”…
Telef.: (+54388) 4 800 934

Argentina: ¿Es necesaria la ley antiterrorista?


Argentina: ¿Es necesaria la ley antiterrorista?

ARGENTINA… VILTIPOCO10000: DICIEMBRE 23 DE 2011…

Adolfo Pérez Esquivel
Noticias Urbanas

 El gobierno apura la sanción de leyes después de volver a asumir un nuevo mandato. La urgencia con que aprobó la ley anti-terrorista y anti- democrática tiene que ver con las imposiciones de los EE.UU. y el GAFI para asegurar sus inversiones financieras y el control de los movimientos sociales, indígenas, campesinos, trabajadores y estudiantiles.

El proyecto de ley adolece de claridad y puede ser usado para impedir los reclamos sociales. Me parece semejante a las leyes de impunidad durante el gobierno de Alfonsín, de “punto final y obediencia debida” que votaron los legisladores sin pestañear.

Hoy volvemos a los mismos vicios y con un gobierno con mayoría absoluta parlamentaria que van a votar con “obediencia ciega”.

En el proyecto de ley no se dice una palabra sobre el “terrorismo económico”.

No clarifica quien o quienes son terroristas, cuales son los parámetros para determinar los que atentan contra la seguridad del pueblo.

Si se aprueba la ley, pueden ser acusados los indígenas que luchan por su derecho a sus territorios. Los obreros cuando reclamen sus derechos laborales, es decir es una ley que viola los derechos humanos de la persona y los pueblos.

La pregunta fundamental es ¿por qué tanto apuro sin consultar a las organizaciones sociales y a juristas para evaluar la conveniencia de esta ley más anti-terrorista?

Se han sancionado tres leyes antiterroristas, ¿hasta cuando?

El país vivió actos terroristas de diversos tipos, terrorismo de Estado, las dictaduras militares; los graves ataques terroristas a la AMIA y a la Embajada de Israel, el terrorismo económico del 2001 y 2002, que postraron y saquearon el país con total impunidad.

Creemos que, más que aprobar leyes antidemocráticas, es necesario aplicar las leyes vigentes, fortalecer la seguridad de la población y capacitar adecuadamente a las fuerzas de seguridad y su formación, como disponer del equipamiento necesario.

En síntesis, generar medidas preventivas y no aplicar medidas represivas.

Hay una tendencia cada vez mayor, incluso en países como EEUU y Europa de ir restringiendo los derechos civiles y aplicando el control social y punitivo.

Los mecanismos impuestos son el miedo; en nombre de la seguridad se restringe la seguridad ciudadana. Es necesario estar alerta frente al avasallamiento de la libertad de los pueblos y que no nos arrastren a los totalitarismos.

Adolfo Pérez Esquivel. Premio Nobel de la Paz

Fuente:


Waldo Darío Gutiérrez Burgos
Descendiente del Pueblo de Uquía, Omaguacas
Director de ‘Cer-Omaguaca’, ‘Obnu’ y ‘Argos Is-Internacional’
"La paz no es simplemente acabar con la guerra. La paz llegará cuando se respeten los derechos indígenas a la tierra, la cultura y la autodeterminación. No puede haber paz por medio de la destrucción o sumisión de la población indígena… Solo ven nuestra agua, nuestra tierra, nuestros árboles. No les importamos. Quieren la tierra, sin la gente que vive en ella”…
Telef.: (+54388) 4 800 934

diciembre 08, 2011

Movimiento Indígena: Declaración a los medios del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas al concluir su visita a Argentina

Movimiento Indígena: Declaración a los medios del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas al concluir su visita a Argentina


MOVIMIENTO INDÍGENA…VILTIPOCO10000: DICIEMBRE 08 DE 2011…

Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya:

"En mi calidad de Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, estoy concluyendo una visita oficial a Argentina que comenzó el 27 de noviembre recién pasado. Durante mi visita, he sostenido una serie de reuniones con diversos representantes de pueblos y comunidades indígenas, y con oficiales del Gobierno nacional en Buenos Aires y de las provincias en Neuquén, Río Negro Salta, Jujuy y Formosa. Asimismo, realicé visitas a diferentes comunidades indígenas en estas provincias y sostuve reuniones con representantes de la sociedad civil.

"Quisiera agradecer al Gobierno de Argentina por la cooperación que me ha brindado para la visita. Además quisiera agradecer a los representantes de pueblos y organizaciones indígenas en Argentina cuya colaboración en la planificación y realización de mi visita fue imprescindible.

"Durante mi visita he procurado comprender los puntos de vista de los pueblos originarios, representantes de los gobiernos nacional y provincial y de otras partes interesadas sobre los alcances y desafíos que existen con respecto al goce de los derechos humanos de los pueblos indígenas de Argentina.

"Durante las próximas semanas estaré revisando la información que he obtenido durante la visita para elaborar un informe que evaluará la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Argentina y que incluirá una serie de recomendaciones. Este informe se hará público y será presentado al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Mi expectativa es que el informe contribuya a la búsqueda de soluciones por parte del Gobierno de Argentina y de los pueblos indígenas a los varios desafíos que enfrentan los pueblos indígenas del país.

"En anticipación a mi informe, ofrezco ahora algunas observaciones preliminares.

"En todos los lugares visitados, he podido constatar un consenso entre las partes interesadas con respecto a los avances en el marco normativo legal que se han dado en el país en materia de derechos de los pueblos indígenas. Estos avances incluyen las importantes disposiciones de la Constitución de Argentina de 1994 en materia indígena, y la Ley 26.160 de 2006 que tiene como fin detener los desalojos de comunidades indígenas y emprender un programa de relevamiento jurídico a nivel nacional para contribuir a la regularización de la propiedad comunitaria indígena. Otro avance significativo es la ratificación por Argentina del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales.

"Sin embargo, observo que, para poder implementar los derechos reconocidos en estos instrumentos, es necesario que las instituciones nacionales y provinciales den mayor prioridad a los temas relacionados con los derechos humanos de los pueblos indígenas. En este sentido, considero que las instituciones del gobierno necesitan ser fortalecidas y capacitadas para mejor responder a los diversos problemas que enfrentan los pueblos originarios del país.

"En particular, considero importante que se emprendan programas de capacitación para funcionarios del poder judicial a nivel nacional y provincial en las normas nacionales e internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas y su aplicación en casos relacionados con temas tales como los derechos a tierras y recursos naturales de estos pueblos.

"A la misma vez, el Gobierno de la nación y las provincias deben incorporar de mejor manera las normas sentadas en el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y otros instrumentos internacionales aplicables en la elaboración de sus políticas públicas y su programación. También, deben redoblar esfuerzos para coordinar las acciones que emprenden a favor de los pueblos indígenas, incluyendo en relación con el relevamiento territorial y el reconocimiento efectivo de la personaría jurídica de las comunidades o pueblos indígenas.

"En esta conexión, una preocupación central expresada por representantes indígenas durante el transcurso de mi vista ha sido la falta de seguridad jurídica de sus derechos sobre sus tierras tradicionales, y en particular los diversos problemas y retrasos que enfrentan en los procesos de relevamiento territorial. De especial preocupación para los pueblos indígenas a lo largo del país figura la serie de desalojos de miembros de pueblos indígenas dentro de extensiones de tierras reclamadas por ellos con base en su ocupación tradicional o ancestral.

"La mayoría de estos desalojos han sido producto de una orden judicial que hace difícil el reconocimiento efectivo de la propiedad comunitaria, y se han dado en el marco de disputas territoriales entre miembros de pueblos indígenas y propietarios privados o empresas. Esta situación es de especial preocupación dado a que estos desalojos han sido llevados a cabo en años recientes a pesar del reconocimiento de la propiedad comunitaria indígena en la Constitución de la nación, la Ley 26.160 y el Convenio 169 de la OIT.

"Otro problema relacionado a la inseguridad jurídica de las tierras tradicionales de los pueblos indígenas es la existencia o promoción de proyectos de industrias extractivas dentro o cerca de los territorios y comunidades indígenas. He escuchado testimonios de miembros de pueblos indígenas sobre los efectos a la salud y medio ambiente generados por actividades extractivas, y sobre la necesidad de que el Estado argentino preste mayor atención a la remediación de estos efectos.

"Un factor común presente en los diversos casos que fueron llevados a mi atención ha sido la falta de consulta efectiva con los pueblos indígenas afectados antes de emprender dichos proyectos, y la falta de su participación en la toma de decisiones sobre estos proyectos y en los beneficios económicos derivados de ellos. Coincido con lo que he escuchado tanto de representantes indígenas como de algunos representantes gubernamentales, que es necesario regular un procedimiento de consulta con los pueblos indígenas en relación a las industrias extractivas y otros asuntos que les afectan.

"También en relación con la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones que les afectan, me preocupa la información que he recibido sobre los efectos generados por la declaración de Sitios de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en áreas donde habitan comunidades indígenas, por ejemplo en la Quebrada de Humahuaca. He sido informado que los pueblos originarios que viven dentro de estos sitios no fueron involucrados en el proceso de declaración de los sitios, no están participando en el manejo de los mismos y se sienten limitados en su capacidad de mantener sus actividades tradicionales y de subsistencia dentro de estos sitios.

"A la misma vez, he tenido conocimiento sobre iniciativas de desarrollo propuestas por los mismos pueblos indígenas que promueven el propio manejo de sus recursos naturales y la auto-suficiencia económica de sus comunidades. Considero que el Estado debe promover estas iniciativas y crear las condiciones para fortalecer el efectivo control por parte de los pueblos indígenas sobre su desarrollo económico.

"Para ello, es esencial asimismo que los pueblos indígenas tengan acceso a una educación adecuada, una educación que llegue a sus comunidades y que se adapte a sus realidades. En esta conexión, considero que existe la necesidad de ampliar los programas existentes de educación intercultural bilingüe con la participación de los pueblos indígenas con el fin de que verdaderamente promuevan las lenguas y culturas indígenas. Además, el Estado y las provincias deben dar una mayor atención al acceso a la educación universitaria y la situación particular de mujeres indígenas estudiando en áreas urbanas.

"Reconozco que algunas de estas preocupaciones están siendo atendidas por las instituciones federales y provinciales. Por ejemplo, he tenido conocimiento de algunas importantes iniciativas del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) para avanzar en el relevamiento territorial y algunos programas de desarrollo social en las provincias. Reconozco también el programa, dentro del marco Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, para mejorar la capacidad de comunicación de las comunidades indígenas en áreas remotas a través del establecimiento de emisoras comunitarias de radio.

"Estos avances necesitan ser fortalecidos, y para ello es necesario que el Gobierno dé mayor prioridad al tema indígena, que desarrolle nuevos programas y políticas públicas en este sentido, y que asegure que estos programas y políticas sean implementados de acuerdo con los estándares internaciones relevantes.

Buenos Aires, 7 de Diciembre 2011.


Tomado de:
http://www.politicaspublicas.net/panel/re/docs/1570-anaya-obs-preliminar-argentina.html 



Waldo Darío Gutiérrez Burgos
Descendiente del Pueblo de Uquía, Omaguacas
Director de ‘Cer-Omaguaca’, ‘Obnu’ y ‘Argos Is-Internacional’
…"La paz no es simplemente acabar con la guerra. La paz llegará cuando se respeten los derechos indígenas a la tierra, la cultura y la autodeterminación. No puede haber paz por medio de la destrucción o sumisión de la población indígena… Solo ven nuestra agua, nuestra tierra, nuestros árboles. No les importamos. Quieren la tierra, sin la gente que vive en ella”…
Telef.: (+54388) 4 800 934

diciembre 04, 2011

Movimiento Indígena: Otras 4 radios de Pueblos Originarios se pondrán al aire en las próximas semanas

Movimiento Indígena: Otras 4 radios de Pueblos Originarios se pondrán al aire en las próximas semanas


MOVIMIENTO INDÍGENA… VILTIPOCO10000: DICIEMBRE 04 DE 2011…


Abra Pampa se vistió de fiesta para la inauguración de la primera radio indígena del país a partir de la incorporación de la comunicación con identidad en la ley 26.522, resultado del esfuerzo conjunto del equipo de comunicadores andinos, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el área de Programas Especiales de la Coordinación general del AFSCA y la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

FM Pachakuti 89.9 inauguró ayer su señal de prueba mientras se organiza la programación definitiva, informaron los comunicadores y autoridades de la comunidad de Queta en la Puna jujeña.

Desde la madrugada comenzaron a arribar al lugar autoridades y comunicadores que acompañaron el cierre del seminario de introducción a la radiofonía que se realizó durante los días 28, 29 y 30 de noviembre dictado por María Cecilia Aguilar, Diego Daga, Diego Gutman, experimentados profesores de Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica ISER. Las palabras de cierre de este primer seminario sirvieron para que cada uno expresara la importancia del trabajo que se está haciendo para que los comunicadores indígenas cuenten con todas las herramientas que permitan desarrollar la comunicación indígena tal cual establece la ley.

Más de treinta jóvenes de las comunidades junto a representantes del ISER Y del AFSCA realizaron el taller de capacitación mientras las instalaciones de la radio Pachakuti se comenzaba a desbordaron de miembros de comunidades cercanas y vecinos que felicitaron a los integrantes del equipo de comunicación andina.

Pasadas las once de la mañana se dio inicio al acto de apertura que contó con la participación de la banda de música de la municipalidad local que no quisieron quedar afuera del histórico evento, mientras que por los parlantes se escuchan las palabras de bienvenida a los representantes de los organismos de comunicación nacionales y provinciales.

Un trabajo conjunto y articulado

Salma Haidar representante en Jujuy del AFSCA fue la primera en dirigir unas palabras quien destacó “estar a disposición”, para lo que se requiera. Pablo Roque asistió en representación del Ingeniero Ceferino Namuncura de la Comisión Nacional de Comunicaciones CNC quien destacó que “este fue el sueño de Néstor Kirchner de que el estado esté en todas partes donde tenga que estar”. Ceferino Namuncura pidió que reiteremos el compromiso de trabajo del organismo con los comunicadores y autoridades del INAI para garantizar la aplicación de la ley de medios. Por su parte Silvana Ávila del AFSCA, en representación de Luis Lazzaro, destacó que es muy importante que esto este sucediendo, solo la ley de medios y un trabajo conjunto y articulado permite que esto esté sucediendo quien luego de su intervención hizo entrega de las autorizaciones a las comunidades de Chorrillos del (Ocloya); Las Capillas de Iruya (Kolla) y el Divisadero en Salta (Diaguita) y la comunidad Manke en el norte de Neuquén.

Las voces de las autoridades y comunicadores indígenas

Matías Melillán comunicador del Pueblo Nación Mapuche y miembro del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual hizo un breve repaso por los años que llevó llegar al hecho de poder tener medios de comunicación que sean administrados, operados y puestos al aire por indígenas, destacó además el trabajo en todos los campos de la comunicación en los que se ha puesto a trabajar el equipo de comunicación de los pueblos originarios: “a partir de hoy hay un antes y un después en la comunicación de Argentina y del continente, nos llevó muchos años de trabajo llegar a este momento, la incorporación en la ley de servicios de comunicación audiovisual fue uno de los momentos en los que la pelea cobra sentido pero dejar de teorizar para hacerlo material que sea un hecho y no palabras es totalmente diferente”.

Melillán realizó un repaso del trabajo de gestión comunicacional y mencionó la articulación que se está logrando tener con el INAI y los demás organismos de comunicación con los cuales los comunicadores indígenas vienen manteniendo un intenso trabajo. “Podemos mencionar la instalación de equipos de comunicación a comunidades aisladas, la instalación de centros tecnológicos de manera experimental, las coproducciones con la agencia de noticias Télam y con la Radio Pública, además de estar trabajando para que las 45 solicitudes de autorización existentes salgan, tenemos la responsabilidad de trabajar y responder a todos los pueblos y comunidades indígenas sin detenerse en las internas y disputas de poder de las organizaciones” y agregó que “avivados que de un día para el otro aparecen con una vincha o una camiseta hay en todos lados, les pasa a ustedes a los no indígenas y nos pasa a nosotros, pero justamente el desafío es no quedarse en las disputas chicas y demostrar que la comunicación va mas allá de los intereses personales”, finalizó el comunicador perteneciente al consejo zonal wijice de la confederación indígena neuquina.

Armando Kispe, parte del equipo de comunicación andina, reiteró que venimos desde antes que se modifique la ley de medios en la Argentina; y ahora, habiendo ganado ese derecho, nos responsabilizamos y lo ejercemos desde nuestros territorios en un trabajo en conjunto con el Estado nacional, desde las comunidades y como Pueblos Originarios. PACHAKUTI no solo es un nombre, no solo es un tiempo sino que engloba un gran significado andino, que brevemente describimos como EL TIEMPO DE VOLVER A SER NOSOTROS MISMOS.”

Miguel Toconas del Consejo del Pueblo Ocloya agradeció a las instituciones estatales y los comunicadores por el trabajo, luego Adelina López de la Comunidad las Capillas de Iruya expresó “la alegría de saber que en pocos días nosotros también tendremos la inauguración de nuestra propia radio”.

Waldo Darío Gutiérrez Burgos
Descendiente del Pueblo de Uquía, Omaguacas
Director de ‘Cer-Omaguaca’, ‘Obnu’ y ‘Argos Is-Internacional’
Telef.: (+54388) 4 800 934

Constructivo



Fuente:
Poster Mahaivi  danellandia@paxmundi.net

Corrupción



Fuente:
Poster Mahaivi  danellandia@paxmundi.net

Verdadera justicia



Fuente:

Poster Mahaivi  danellandia@paxmundi.net

Tierra - nuestro hogar



Fuente:
Poster Mahaivi  danellandia@paxmundi.net

octubre 15, 2011

Opinión: Por qué salgo a la calle el 15-O


Por qué salgo a la calle el 15-O

OPINIÓN… VILTIPOCO10000: OCTUBRE 15 DE 2011…




Salgo a la calle el 15 de octubre porque vivimos dentro de relaciones criminales: la fortuna conjunta de los 225 multimillonarios más ricos del mundo equivale al ingreso anual del 47% más pobre de los habitantes del planeta. Salgo a la calle el 15 de octubre porque el coste del desarrollo de un misil balístico transcontinental podría alimentar a 50 millones de niños y niñas, construir 160.000 escuelas y abrir 340.000 centros de salud; porque el coste de un submarino nuclear es igual al presupuesto anual de educación de 23 países empobrecidos. El capitalismo es un orden social caníbal, y nuestro silencio facilita que se devore a nuestros semejantes y como decía Atahualpa Yupanqui “hay algo más importante que saber si existe dios, y es que nadie escupa sangre para que otro viva mejor”.

Salgo a la calle el 15-O para pedir un cambio global, porque estoy indignado de que más de 1.000 millones de personas viven en la pobreza extrema y 820 millones pasan hambre de forma continuada; de que 24.000 personas mueran diariamente de hambruna y 30.000 niños y niñas por causas relacionadas con la pobreza. Porque estoy cansado de que las Naciones Unidas pidan año tras año 70.000 millones para acabar con eso, 200 veces menos de lo que le hemos dado a los bancos, y que nunca haya dinero para acabar con la pobreza y con el hambre, y siempre haya el dinero que sea necesario para “salvar” a los bancos y a las corporaciones financieras.

Salgo a la calle el 15-O porque hemos legitimado el mercado para decidir sobre nuestras vidas. Y si lo dejamos solo, no sólo destrozarán la tierra, sino que sus sistemas sólo permitirán que subsista el 20% más rico del mundo. Como ellos dicen, coge lo mejor y tira el resto a la basura.

El 15-O salgo a la calle contra el paro y los recortes sociales en Europa que provocan la banca y el bipartidismo. Salgo a la calle el 15-O reclamando una alternativa a las imposiciones de austeridad que sólo sufrimos las mayorías sociales. No hay una sola prueba de que este modelo de salida de la crisis funcione, las políticas de austeridad se asumen como dogmas. Toda esta ideología neoliberal parte de un supuesto de fe indemostrado e indemostrable: el “mercado” nos trae la salvación. Y no hay “mito” más extraordinario de la ciencia económica: es difícil encontrar otro caso donde los hechos contradicen tanto una teoría. En esta nueva religión, el crecimiento de los beneficios del mercado es el único dios y cualquier medida que pudiera reducirlos, es considerada por las creyentes una herejía. Sin embargo las consecuencias ya las sufrimos desde hace tiempo. Ningún economista de los que hoy recetan la austeridad puede poner sobre la mesa un ejemplo de salida exitosa de la crisis recortando derechos y agudizando la brecha entre ricos y pobres. Más bien al contrario, ejemplos como Grecia o Argentina demuestran que los recortes sólo generan más recesión y precariedad.

Esta salida neoliberal de la crisis no es sólo antisocial, sino profundamente antidemocrática: ni un sólo gobierno de los que hoy aplica recortes los llevaba en su programa electoral. Es su atención a las demandas de los mercados y no a las de la ciudadanía que les votó, la causa de esta situación. Las reformas laborales y de las pensiones, los ataques a la sanidad y a la educación pública, la falta de acceso a una vivienda digna, los rescates a la banca, las privatizaciones de lo público son la salida neoliberal de la crisis pactada por los mercados, y sancionada por el PP y el PSOE.

El debate político central en España es el debate de las salidas que se dan a la crisis, y que supone una confrontación política entre la salida neoliberal de los recortes sociales y de los retrocesos democráticos, o una salida social en torno al empleo y la democracia participativa.

El objetivo de la salida neoliberal es imponer un ajuste salarial permanente por medio de la reforma laboral y de la negociación colectiva, por medio de la reducción del gasto público y del sector público para financiar la deuda del sector privado, y en especial de la banca y por medio de los programas de ajuste estructural, y que de triunfar, traerá consigo una verdadera dictadura de los mercados contra la ciudadanía. Los tres instrumentos principales para lograr este objetivo son los recortes presupuestarios, las privatizaciones, en especial de las Cajas de ahorro, y el ataque al sistema público de pensiones.

Esto explica la imposición exterior de una reforma de la Constitución cuyo aspecto central ha sido la de marcar la prioridad absoluta del pago del servicio de la deuda, frente a cualquier otra necesidad social o económica.

La asunción de una política de ajuste salarial permanente, solo será posible por medio de un retroceso sin precedentes de las condiciones sociales y laborales de la mayoría social, junto a un ataque importante a los mecanismos de participación democrática y de la propia soberanía nacional de nuestro país.

Por eso yo salgo a la calle el 15 de octubre para luchar por una salida social que destine nuestros impuestos no a rescatar a los bancos y a las entidades financieras, sino a acabar con el paro, la deuda de las familias, el problema de la vivienda, la usura de la banca privada y la falta de Estado social. Yo salgo a la calle el 15 de octubre para que no gobiernen los mercados, con la sumisión clamorosa de los grandes partidos que tratan de calmarlos ofreciéndoles en sacrificio nuestro sudor y nuestra sangre, sino para que establezcamos un gobierno de la ciudadanía basado en la democracia participativa, con una inmediata reforma electoral, con mecanismos de democracia directa y de separación de lo político con el mundo de la empresa (combatiendo la corrupción) y la recuperación de la soberanía nacional.

Por eso necesitamos articular una respuesta junto al resto de los sectores sociales afectados, de las personas, los colectivos y los movimientos sociales para crear herramientas democráticas que sirvan para demostrar nuestro rechazo este saqueo organizado de nuestros recursos y nuestra voluntad de que sean ellos -los ricos, los políticos y los banqueros- quienes paguen por la crisis que han provocado. Estamos hartos de intentar curar los síntomas de un modelo económico –hospitales sin recursos, gentes ‘sin techo’, cárceles abarrotadas, muertos diarios por hambre, cambio climático-, por eso la única opción que queda es ‘anular’ el sistema que se esconde tras esos síntomas. Por eso queremos un cambio global.

Enrique Javier Díez Gutiérrez es profesor de la Universidad de León.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.


Waldo Darío Gutiérrez Burgos
Descendiente del Pueblo de Uquía, Omaguacas
Director de ‘Cer-Omaguaca’, ‘Obnu’ y ‘Argos Is-Internacional’
Telef.: (+54388) 4 800 934

Argentina-Jujuy: Terrateniente mata a tiros a animales de la Comunidad “El Antigal” del Pueblo Tilian y amenaza a la policía

Argentina-Jujuy:  Terrateniente mata a tiros a animales de la Comunidad “El Antigal” del Pueblo Tilian y amenaza a la policía ARGEN...